COLOMBIA, 9 Jun (EUROPA PRESS)
El Estado colombiano aceptó su responsabilidad ante la comunidad internacional por el asesinato del aclamado periodista y humorista Jaime Garzón, quien fue víctima de un tiroteo en 1999, perpetrado por miembros del grupo criminal La Terraza y en complicidad con agentes estatales. Este hecho ha sido llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) reportó un acuerdo amistoso con los familiares de Garzón para evitar una condena en contra de Colombia. Este acuerdo incluye medidas de reparación hacia las víctimas.
"El Estado lamenta profundamente los hechos que resultaron en el silenciamiento de uno de los más destacados líderes de opinión y periodismo crítico del país, lo que constituye una pérdida para la sociedad en su conjunto. A través de las observaciones, se señaló que el avance de las investigaciones ha permitido establecer que el plan criminal fue ejecutado con la aquiescencia de agentes del Estado", explicó el Gobierno colombiano mediante un comunicado. Además, el Estado reconoce que hubo violaciones y retrasos en el proceso penal afectando los derechos de los familiares de Jaime Garzón, y promete una reparación "integral".
Aunque los detalles específicos aún no se han revelado, se sugiere que podría llevarse a cabo un acto simbólico transmitido por los canales oficiales del Gobierno, según informa el diario 'El Espectador'. Garzón, conocido por su crítica hacia las élites y funcionarios públicos en la década de los noventa, ya había motivado la condena a 26 años de prisión de José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2021. Narváez, aprovechando su relación con el exjefe paramilitar Carlos Castaño (Autodefensas Unidas de Colombia, AUC), le sugirió cometer el homicidio de Garzón.
Castaño ordenó entonces su asesinato bajo el pretexto de la supuesta afinidad de Garzón con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), contratando a sicarios de La Terraza, que para entonces estaba bajo el liderazgo del narcotraficante Pablo Escobar. Según la investigación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), Garzón "había estado obrando como mediador para la liberación de personas secuestradas por las guerrillas de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) desde 1998, y que en virtud de tales gestiones había sido catalogado como colaborador o cómplice de la guerrilla por parte de altos estamentos militares y grupos paramilitares del país, quienes habrían llegado a la convicción de que el señor Garzón se estaba lucrando con sus gestiones para el pago de los rescates por los familiares de las víctimas secuestradas, y que estaba facilitando la continuidad del negocio del secuestro en Colombia".
En 2022, la Comisión Interamericana admitió el caso para su estudio, emitieron un informe de fondo donde se explicaba que Colombia podría ser responsable de violaciones contra los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de pensamiento y expresión y protección judicial. Tres años después, el Gobierno ha llegado a un acuerdo para la reparación a la familia de Garzón.