Publicado 26/08/2025 05:57

Colombia investiga a su representante en Nicaragua tras asilo a exasesor de Petro

Archivo - Colombia'S Armed Group 'Comuneros Del Sur' First To Disarm In Total Peace Process
Archivo - Colombia'S Armed Group 'Comuneros Del Sur' First To Disarm In Total Peace Process - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

COLOMBIA, 26 Aug (EUROPA PRESS)

Rosa Villavicentricio, la ministra de Exteriores colombiana, ha anunciado la apertura de una investigación disciplinaria hacia Óscar Muñoz, responsable de negocios en la embajada colombiana en Nicaragua, tras solicitar la extensión del permiso de residencia para Carlos Ramón González. González, exasesor del Gobierno colombiano acusado de corrupción y solicitado en extradición por Bogotá, recibió asilo político por parte del gobierno nicaragüense, decisión que ha generado tensiones.

"Se solicitó la extradición, pero hemos manifestado nuestro desacuerdo a la solicitud. En este punto estamos, el encargado de negocios está en un proceso disciplinario, hay una investigación de la Fiscalía", comunicó Villavicencio a la emisora W Radio. Este pronunciamiento surge luego de que Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua, concediera asilo a González, en una movida considerada por Colombia como un acto "inamistoso y agresivo".

El gobierno de Gustavo Petro ha instado a Managua a "revocar dicha protección internacional", basándose en las pruebas presentadas por la Fiscalía colombiana contra González. Este último ha argumentado ser víctima de "una persecución política, judicial y mediática, impulsada por la extrema derecha colombiana".

González enfrenta cargos por parte de la Fiscalía colombiana por cohecho, "dar u ofrecer lavado de activos por apropiación en favor de terceros", en conexión con un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que dirigía. Se le acusa de jugar un papel clave en la planeación y ejecución de pagos irregulares, utilizando su posición y conexiones gubernamentales, en irregularidades vinculadas a tres contratos estatales valorados en cerca de 92.000 millones de pesos (aproximadamente 20 millones de euros).

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