Bogotá 18 Ago. (COLPRENSA) -
- Desde 2004, la Corte Constitucional le hace seguimiento al estado de cosas inconstitucional en el que viven las víctimas de desplazamiento forzoso. Desde 2009, se enfoca el seguimiento en las comunidades indígenas, especialmente en las Jiw y Nükak, dado que se encuentran en riesgo de extinción física y cultural . Las acciones estatales no han sido suficientes.
Todavía quedan muchísimos retos para responder a la garantía de derechos de una población en extrema vulnerabilidad , afirmó la magistrada Natalia Ángel Cabo, de la Corte Constitucional, al iniciar la audiencia pública en la que el alto tribunal examinó la atención a las comunidades indígenas Jiw y Nükak en Guaviare y Meta. El panorama es desalentador.
De acuerdo con la exposición de Ángel, que es parte de la Sala de Seguimiento de la Corte a la sentencia que en 2004 declaró el estado de cosas inconstitucional para la población desplazada, el balance actual refleja problemáticas en el acceso a la vivienda, el acceso a la justicia, la comunicación con autoridades gubernamentales, la soberanía alimentaria y violencia sexual.
Se trata de una emergencia tan grave como invisible , recalcó Ángel, al contar el diagnóstico del alto tribunal. La togada mencionó que ha habido algunos avances, como la traducción de los autos que la Corte ha emitido a favor de las comunidades Jiw y Nükak a sus lenguas propias, la adquisición de algunos predios para titularlos a nombres de resguardos indígenas y reubicarlos, y la conformación de organizaciones de representación de los pueblos.
Sin embargo, aún están pendientes algunas órdenes estructurales que la Corte le ha dado a entidades estatales. Entre ellas, la organización de Planes de Salvaguarda Étnica para garantizar medidas de prevención frente al desplazamiento forzado y la protección de líderes, así como de un Plan Urgente de Reacción y Contingencia con el que se garantice la salud y nutrición para las comunidades.
La Defensoría del Pueblo ha emitido cinco alertas tempranas y tres informes de seguimiento desde 2018.
Advirtió la persistencia del conflicto armado en la región del sur del Meta y en Guaviare , explicó la magistrada Ángel. Los hallazgos dan cuenta de aumento de reclutamiento de menores indígenas, la presencia de minas antipersonal y la continuación de amenazas por parte de grupos armados ilegales.
Incluso, en una diligencia previa a la audiencia de hoy, la Corte visitó los territorios y constató que la violencia continúa.
A los ocho días de nuestra visita, el 18 de julio, se halló un cilindro bomba dentro del resguardo Barracón, vecino de una base militar, a diez minutos del casco urbano de San José del Guaviare , relató Ángel.
En cuanto a la alimentación, la Corte advirtió que, aunque en el territorio hay cobertura del Programa de Alimentación Escolar y de una ayuda humanitaria mensual, se reporta que las cantidades de alimentos son insuficientes .
Además, no se ha tenido en cuenta a la población flotante , que es la que está presente en el territorio pero no en los censos oficiales, principalmente por falta en la actualización por parte del Ministerio del Interior.
La seguridad alimentaria solo se le garantiza al 36% de los Jiw y al 3,2% de los Nükak. Al respecto, se han tomado medidas , pero no hay información sobre su impacto, cobertura, seguimiento o, en general, resultados, teniendo en cuenta, además, problemas ligados a la deforestación y al acceso al agua potable, en el que se han realizado inversiones sin estudios técnicos necesarios a los que no se les hace seguimiento.
Los asentamientos visitados, y otros reportados, no cuentan con saneamiento básico, pues no hay letrinas, baterías sanitarias o medios para el desecho de excretas , señaló la magistrada Ángel. Ese y otros factores han generado problemas de salud en los que también hay problemas.
Este es un tema crítico , afirmó.
Las principales dificultades están en la documentación que solicitan los centros de salud, pues la cédula de ciudadanía no hace parte de la cultura de la población indígena afectada, así como en la comunicación, por falta de promotores de salud indígenas, centros de salud ubicados en lugares accesibles y ambulancias que lleguen a los territorios.
Además, en cifras de vivienda, solo el 7,6% de las víctimas Jiw tienen un lugar adecuado, mientras que en las víctimas Nükak el número es de 2.77%.
Lo hemos constatado desde 2009: se observa cómo las personas duermen hacinadas y sobre plásticos que no permiten protegerles ante condiciones climáticas como la lluvia , resaltó Natalia Ángel.
La Corte Constitucional advirtió que las comunidades indígenas víctimas de desplazamiento corren el riesgo de perder su cosmovisión de manera forzada. Así mismo, no han tenido acompañamiento institucional al momento de regresar a sus territorios, pues de las 2012 víctimas del pueblo Jiw que están en el Registro de Víctimas, 1871 retornaron sin acompañamiento y solo 87 sí recibieron guía de las instituciones, mientras que del lado de los Nükak no hay información.
Por último, la Corte advirtió que niñas y mujeres Jiw y Nükak afrontan una situación de mendicidad, drogadicción y violencia sexual . Incluso, la Defensoría mencionó que existe naturalización de la violencia y explotación sexual de niñas indígenas en San José del Guaviare.
Esto da lugar a situaciones de violencia sexual y discriminación de género basadas en relaciones desiguales de poder , explicó la jueza Ángel.
Por ejemplo, militares han entrado a asentamientos y resguardos para sostener relaciones desde una posición desigual con niñas y mujeres indígenas , narró la magistrada.
En respuesta, el Gobierno adecuó el Plan Administrativo de Restablecimiento de Derechos para priorizar la atención a víctimas indígenas de violencia sexual. Entre 2019 y 2023, el ICBF registró 69 casos de niñas y niños indígenas Jiw y Nükak a los que tuvo acceso por violencia sexual, mientras el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública identificó 55 casos.
El Plan de atención del Gobierno se activó en 31 casos. Eso trajo como resultado que 16 niñas lleguen a hogares sustitutos. De todas maneras, a pesar de las acciones, los informes dejan ver muchísimos retos , entre ellos, la necesidad de adecuación cultural de los programas, concertación con las comunidades, fortalecimiento de las mujeres, mejor seguimiento de los casos .
Es evidente que la proximidad de los asentamientos indígenas con las zonas urbanas constituye un factor de riesgo para las niñas y los niños , concluyó la magistrada Natalia Ángel, preguntando si lo más conveniente es la reubicación de las comunidades, algo que se busca resolver con diversas autoridades citadas hoy a la Corte Constitucional.
La Fiscalía reportó 41 casos de violencia sexual en contra de menores de edad y mujeres de las etnias Jiw y Nükak en Meta y Guaviare, principalmente por los delitos como acceso carnal abusivo, acceso carnal violento y demanda de explotación sexual comercial. De esos casos, 10 están inactivos y 31 tienen la investigación en curso. En ninguno ha habido condenas.
Las barreras que enfrentan las mujeres víctimas para acceder a la justicia son varias, dado que dentro de las comunidades hay dinámicas de violencia machista y falta de conciencia de derechos de mujeres. Fuera de ella, hay revictimización en Medicina Legal, posible falta de respuesta oportuna de la Defensoría o del ICBF y culpabilización de las instituciones y la sociedad.
Además, persiste la barrera del idioma, por falta de intérpretes y la ausencia de conciencia de derechos de las comunidades étnicas.
Dajada Joaquin Nijbe Joonide, representante del pubelo Nükak, alertó que en la comunidad también hay carencia de atención en salud para personas consumidoras de marihuana, cocaína y otras drogas. Uno de los temas en los que la Corte quiere profundizar es la drogadicción.