COLOMBIA, 29 Jul (EUROPA PRESS)
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, criticó el pasado lunes la condena por soborno de testigos y fraude procesal contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, denunciando lo que considera una "instrumentalización del poder judicial colombiano por jueces radicales". "La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante", lamentó Rubio, defendiendo que "el único delito del expresidente colombiano Uribe fue luchar incansablemente y defender su patria".
Estas declaraciones encontraron una fuerte oposición en el gobierno colombiano. Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Exteriores de Colombia, rechazó fuertemente la intromisión de Rubio en asuntos judiciales colombianos, argumentando que vulnera la soberanía del país y desconoce la independencia judicial. El presidente Gustavo Petro secundó este rechazo, destacando la necesidad de respetar a los jueces de Colombia, recordando que muchos han caído asesinados en su deber de ayudar al mundo.
Las reacciones también se vivieron en el espectro político con la senadora y precandidata presidencial para 2026 del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien calificó la sentencia contra Uribe como "una venganza" y "un ataque", sugiriendo a través de un video en redes sociales que "Petro le tiene miedo a Uribe".
Ante este panorama, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia solicitó a las autoridades proporcionar "las medidas de protección que se requieran" para garantizar a todos los jueces y a sus equipos de trabajo las condiciones necesarias para cumplir con sus funciones. Expresaron su apoyo a la jueza Sandra Liliana Heredia, responsable del caso contra Uribe, con un llamado al respeto por su labor judicial.
El presidente Petro afirmó que es responsabilidad del gobierno proteger a la jueza Heredia y su familia, independientemente del fallo emitido. "En un gobierno democrático, los jueces no se presionan, se protegen en su libertad", subrayó, destacando la importancia de garantizar la seguridad y libertad de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus deberes.