MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Expertos de Naciones Unidas han solicitado a las autoridades de Colombia que dejen de recurrir a delitos penales graves, entre ellos el terrorismo, para procesar a quienes protestan en movilizaciones contra el Gobierno, después de que en 2021 se constatasen al menos 228 casos.
Los expertos, entre los que se cuentan relatores sobre Derechos Humanos, reunión pacífica, detención arbitraria y defensa de los activistas, han advertido de que algunos de estos delitos conllevan más de 20 años de cárcel. Actualmente, más de 180 manifestantes permanecen detenidos en cárceles o bajo arresto domiciliario, pese a las disposiciones que favorecen su libertad provisional.
Para los relatores, "el uso de acusaciones tan atroces para perseguir conductas violentas durante las protestas supone una grave amenaza para la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y para la legitimidad de los marcos y leyes internacionales contra el terrorismo".
Creen, además, que "tiene un efecto amedrentador y fomenta las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país", en la medida en que implica aplicar penas "desproporcionadas" y, por tanto, "incompatibles con el Derecho Internacional" contra personas que incurrieron en "actividades de protesta no violentas y por el ejercicio de Derechos Humanos.
Los expertos han subrayado también su "enérgica" condena" contra "cualquier tipo de violencia durante las protestas" y reconocen el derecho y la responsabilidad de cualquier Estado de "responder" ante determinados incidentes, "entre otras cosas investigando, previniendo y disuadiendo tales actos".