COLOMBIA, 3 Jun (EUROPA PRESS)
El Gobierno guatemalteco manifestó su fuerte rechazo ante lo que considera una acción "irresponsable" y "espuria" de la Fiscalía de Guatemala, que el pasado lunes emitió una orden de arresto en contra de diversas figuras colombianas, entre ellas, el exministro de Defensa Iván Velásquez, bajo acusaciones de presuntos delitos relacionados con el caso Odebrecht.
"Estas medidas carecen de sustento legal", declaró el Gobierno guatemalteco a través de un comunicado, indicando también que dichas acciones vulneran el acuerdo realizado entre Naciones Unidas y el Ejecutivo guatemalteco para el establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comisión que fue dirigida por Velásquez de 2013 a 2019, período durante el cual el último año tuvo que ejercer sus funciones desde el exilio.
La administración actual denuncia que estas medidas llevadas a cabo por la Fiscalía tienen claros objetivos políticos y se suman a una serie de acciones emprendidas por la fiscal general, Consuelo Porras, y jueces vinculados con actos de corrupción. "Han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, evidenciando la criminalización y abuso del derecho penal", argumenta el Gobierno, que ya contactó a las autoridades colombianas para esclarecer los hechos y así evitar afectaciones en las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro acusó al crimen organizado de estar detrás de las órdenes de captura contra el embajador Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, expresando su preocupación a través de su cuenta en X. "La Fiscalía de Guatemala como la Fiscalía de Colombia en tiempos de (Francisco) Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente (de Perú) Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías", afirmó Petro, sugiriendo la implicación de "multinacionales del narcotráfico" en un intento por controlar los poderes judiciales y gobiernos para llevar a cabo sus actividades ilícitas con impunidad.
Petro propuso la creación de una causa penal internacional contra estas organizaciones por crímenes de lesa humanidad en contra de los pueblos latinoamericanos, a ser llevada por "equipos de abogados independientes".
La fiscalía de Guatemala acusó a Velásquez de liderar una "estructura criminal" que benefició a la constructora brasileña Odebrecht, implicada en numerosos escándalos de corrupción a lo largo de Latinoamérica, causando un perjuicio al Estado guatemalteco valorado en unos 340 millones de euros. Es importante mencionar que figuras clave dentro de la Fiscalía guatemalteca, incluida la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la oficina contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, figuran en la lista de sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por atentar contra los valores democráticos.