COLOMBIA, 3 Jun (EUROPA PRESS)
El sistema judicial de Guatemala anunció este lunes la emisión de una orden de captura contra Iván Velásquez, quien se desempeñó como Ministro de Defensa de Colombia, así como contra Luz Adriana Camargo, fiscal general de ese país. Ambos son acusados por delitos que incluyen asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, relacionados al escándalo de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht.
La noticia fue divulgada por Rafael Curruchiche, quien dirige la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, a través de un video en la red social X. En este mensaje, Curruchiche además informó que se notificó a Interpol para asegurar que los involucrados puedan ser detenidos en cualquier nación.
Según las investigaciones, Velásquez, en colaboración con Camargo durante su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lideró una "estructura criminal" beneficiando a los empresarios de Odebrecht. Este acto habría causado pérdidas superiores a los 3.000 millones de quetzales (alrededor de 340 millones de euros) al Estado guatemalteco.
De igual manera, la justicia de Guatemala procedió a emitir una orden de busca y captura contra otras ocho personas, incluidos exaltos cargos y exfuncionarios del país, quienes han sido declarados en rebeldía.
El Ministerio Público de Guatemala subrayó su "compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad" asegurando que todos los implicados "enfrenten el peso de la ley". Por su parte, Velásquez criticó tanto a Cuchurriche como a Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, argumenta su persecución hacia Camargo y hacia él. "Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio", expresó Velásquez en X.
Este proceso se vincula a señalamientos previos hacia Velásquez, quien ocupó una posición ministerial en el gabinete del presidente colombiano Gustavo Petro a principios de 2023. Se le imputan irregularidades en la aprobación de acuerdos de cooperación con directivos de Odebrecht en 2017.