COLOMBIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
Nicaragua otorgó asilo a un exfuncionario colombiano, desatando tensiones con Bogotá. Este miércoles, el Gobierno nicaragüense concedió asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia Colombiana durante la administración de Gustavo Petro, lo cual implica un rechazo directo a la solicitud de extradición emitida por Colombia. González se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción de gran magnitud que ha sacudido a la política colombiana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua justificó su decisión a través de un documento donde afirma que González solicitó el asilo "por su trayectoria política como líder de izquierda y revolucionaria, su papel en la conformación del actual Gobierno; su cercanía con el actual presidente Gustavo Petro, quien fue su compañero en la guerrilla del M-19, ha sido objeto de una persecución política, judicial y mediática, impulsada por la extrema derecha colombiana". Además, se argumenta una "campaña sistemática de desprestigio en medios de comunicación" que provocó amenazas directas contra su vida y la de su familia.
González alegó que los procesos judiciales en su contra carecen de "pruebas reales" y de "sustento jurídico", y expresó su preocupación por la potencial imposición de medidas privativas de la libertad en Colombia, que pondrían en riesgo su vida, libertad e integridad personal.
La respuesta de Nicaragua se basó en su Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y resoluciones internacionales respecto al asilo político. Esta decisión ya fue comunicada a las autoridades colombianas, lo que ha generado críticas desde Bogotá. Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, calificó la medida como "inamistosa" y "agresiva", sugiriendo una revisión de la situación. "Si el presidente (Petro) pide la extradición a alguien, a cualquier país, en el cual existen tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo que no debe pasar. Habrá que revisar", afirmó en declaraciones para W Radio.
Carlos Ramón González enfrenta imputaciones por parte de la Fiscalía colombiana bajo cargos de cohecho por "dar u ofrecer lavado de activos por apropiación en favor de terceros", relacionados con irregularidades detectadas en tres contratos gestionados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que suman cerca de 20 millones de euros. Este caso pone de relieve temas sensibles de corrupción y política en Colombia y la complejidad de las relaciones internacionales en la región.