Bogotá 19 Sep. (COLPRENSA) -
- Amenazas, tortura, violencia verbal y un caso de violencia sexual. La Defensoría del Pueblo dio a conocer el balance de su visita a la vereda Bocas del Manso, de Tierralta (Córdoba), luego de denuncias que la comunidad inició la semana pasada tras una agresiva incursión de miembros del Ejército.
La Defensoría recalcó que la comunidad reafirmó el relato de que un miembro del Ejército abusó sexualmente de una mujer indígena. Asimismo, el defensor Carlos Camargo manifestó que los casos de intimidación como los conocidos desde la semana pasada son recurrentes.
Lo ocurrido en Bocas del Manso a inicios de la semana anterior no es una situación aislada, son hechos reiterados en esa zona del departamento de Córdoba, así lo denunciaron sus habitantes a nuestra comisión de la Defensoría del Pueblo, que estuvo haciendo verificación de derechos humanos durante varios días en el lugar , precisó Camargo este martes.
El director de la entidad garante de derechos humanos sostuvo que la denuncia de de abuso sexual fue "confirmado por la comunidad".
"A causa de lo sucedido, cuyo victimario dicho por ella fue un integrante del Ejército, nuestro equipo defensorial activó la ruta psico-jurídica para darle el acompañamiento necesario; además, el hecho fue denunciado en una fiscalía seccional del departamento", relató el Defensor.
La comisión de la Defensoría que se desplazó la semana pasada a Córdoba se reunió con los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas Palestina, Llanos del Tigre, Gloria 1, Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo, Bocas de Cruz Grande y Crucito.
En esos encuentros, "los líderes sociales también mostraron su temor por el actuar del Ejército cuando está de patrullaje".
El ente dijo que la comunidad indígena del resguardo Alto Sinú, perteneciente al pueblo Embera Katío, también manifestó haber sido víctima, el mes anterior, de lo que serían vulneraciones a sus derechos cometidos por militares .
Camargo subrayó el miedo que persiste en la población al ver a las tropas en terreno.
"Las comunidades indicaron sentir temor cada vez que los militares patrullan. Recibimos quejas de hechos que atentan contra los derechos humanos y contrarían lo establecido en el derecho internacional humanitario", reveló el defensor.
Camargo dijo que los hostigamientos del Ejército, sumados "a la presencia de actores armados ilegales que restringen las libertades y atentan contra los derechos fundamentales de la población civil", podrían generar en la población "un desplazamiento de grandes proporciones".
El caso de violencia de militares hacia la comunidad de Bocas del Manso, en Tierralta, ha generado el rechazo de todo el país y este martes condujo a los altos mandos a una determinación rdical.
Al menos, 18 miembros de la institución, de quienes no se conocen los nombres, fueron retirados de su cargo por determinación del general Luis Mauricio Ospina.
Actualmente, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar y la Fiscalía investigan el caso de Tierralta.