COLOMBIA, 4 Jun (EUROPA PRESS)
En un acto sin precedentes, ocho partidos de la oposición en Colombia han lanzado una acusación contra el presidente Gustavo Petro, tildándolo de realizar un "golpe de Estado". Esta declaración se produjo luego de que Petro anunciara su plan para implementar por decreto una consulta popular acerca de la reforma laboral, la cual ya fue rechazada por el Senado.
Las formaciones políticas manifestaron que tal acción representa un ataque unilateral e inconstitucional contra la democracia del país, instando a las autoridades judiciales a intervenir. Aseguran que, de avanzar este proyecto, constituiría una infracción grave y abierta a la Constitución y una interrupción en la separación de poderes. "El Congreso de la república, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta y esta decisión deber ser respetada", recalcaron en un comunicado.
Entre los partidos firmantes del comunicado se encuentran Cambio Radical, Partido Conservador, Centro Democrático y Partido de la U, los cuales expresaron su preocupación por el daño institucional que está causando el actual Gobierno. Llamaron a los ciudadanos a "rodear a las instituciones y proteger" la Constitución frente a estas acciones.
El presidente Petro, por su parte, defendió su decisión argumentando que el Senado rechazó la consulta de doce preguntas sobre la reforma laboral de manera fraudulenta. "Voy a decretar la consulta. La Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria de consulta popular que haré esta semana. Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí", declaró Petro durante una reunión con su gabinete. Insistió en la necesidad de que el pueblo se exprese, acusando al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de actuar incorrectamente durante la votación.
La disputa se agudiza tras el fallo en el Senado a mediados de mayo, cuando se desechó la propuesta de reforma laboral con 49 votos en contra y 47 a favor, bajo circunstancias que el Gobierno calificó de irregulares y acusó a Cepeda de permitir la modificación del voto de uno de los senadores de la oposición después de haber sido emitido. Este conflicto subraya la tensión existente entre el ejecutivo y el legislativo en Colombia, poniendo a prueba los límites de la Constitución del país.