Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido de que la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional la subida del salario mínimo "vulnera la Constitución y ha instado a la ciudadanía a expresarse. "El Poder Judicial debe saber que el Gobierno se debe al voto que lo eligió", ha subrayado.
"El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él", ha reaccionado Petro a la decisión de este viernes del Consejo de Estado.
Petro ha señalado que si bien respeta la decisión judicial, él actuará de acuerdo a la Constitución. "Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario", ha insistido el presidente colombiano en sus redes sociales.
"Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto", ha animado Petro, quien ha recordado que su Gobierno tiene como objetivo "desde el primer día" la construcción de un "pacto social de la vida y de la paz"
"El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político", ha expuesto Petro.
El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el aumento del 23% del salario mínimo y dio un plazo de ocho días al Gobierno para expedir un nuevo decreto que tenga en cuenta criterios legales como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco Central, la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB, entre otros.
El año pasado, el Gobierno aprobó el aumento del salario mínimo para 2026 en 1,7 millones de pesos colombianos (unos 400 euros), que podrían llegara hasta los dos millones si se incluyen las ayudas al transporte. Se trata de una subida del 23,7 por ciento con respecto a 2025, que beneficiaría a 2,4 millones de trabajadores.