COLOMBIA, 9 Jun (EUROPA PRESS)
En un giro inesperado de los eventos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, solicitó el día lunes una investigación profunda acerca de la notable reducción de la seguridad del senador y aspirante presidencial, Miguel Uribe, quien sufrió un ataque armado durante un acto en Bogotá, dejándolo en estado crítico. Un hecho que levantó sospechas fue la disminución del esquema de protección de Uribe, pasando de siete a tres escoltas el mismo día del incidente. "Pedí en el consejo de seguridad la máxima profundidad en la investigación de este hecho", expresó Petro en la red social X, destacando la importancia de esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque.
El mandatario también hizo énfasis en la diversidad de hipótesis que circulan alrededor del suceso, rechazando cualquier uso político de esta tragedia. Petro sostiene que su administración se sostiene sobre principios de paz, justicia social y un cambio significativo en pro del bienestar de los colombianos, un mensaje que, según él, ciertos sectores no están dispuestos a comprender, enfocándose en mantener un ambiente de discordia.
En medio de esta tensa situación, Petro reveló que su vida también corre peligro, indicando que "la cabeza de Petro ya tiene precio y es entregada a fuerzas oscuras, neonazis y no republicanas, de la nación y del extranjero". Además, mencionó que se solicitó al Mossad israelí realizar una operación de extracción en su contra, lo que añade una capa de complejidad y peligro a la política interna colombiana.
La comunidad internacional, representada por el secretario general de la ONU, António Guterres, no ha permanecido indiferente ante estos hechos, condenando fervientemente el atentado contra Uribe y deseándole una recuperación total. Guterres resaltó la necesidad de una investigación exhaustiva y un castigo justo para los responsables, viendo en las próximas elecciones una ventana hacia la consolidación democrática del país a través de la civilidad y la paz.
El ataque a Uribe, quien fue alcanzado por dos balas en la espalda, y la subsiguiente detención de un joven de 15 años como sospechoso principal, detonaron una serie de procedimientos disciplinarios contra los agentes encargados de la seguridad del senador. Estos deberán enfrentar a la justicia para aclarar las posibles negligencias cometidas. Este incidente no solo saca a la luz las tensiones políticas en Colombia sino que también interroga sobre la seguridad y protección de sus líderes en un entorno cada vez más volátil.