Bogotá 13 Ago. (COLPRENSA) -
- ¿Una estrategia efectiva para sacar a los jóvenes de la violencia o un mal mensaje para la sociedad? Ese es el debate que ha planteado la presentación del borrador del 'Programa Nacional Jóvenes en Paz', una estrategia para reducir la escalada del conflicto y prevenir el delito entre los jóvenes del país.
El programa prevé entregar hasta un millón de pesos mensuales por un máximo de 12 meses a jóvenes entre 14 y 28 años, que estén en riesgo de ser atrapados por la violencia, priorizando a quienes están en extrema pobreza, vulnerabilidad, jóvenes rurales y en situaciones de explotación sexual o riesgos delictivos.
Utilizando el Registro Social de Hogares, el Departamento de Prosperidad Socialse identificará a los beneficiarios, con base en criterios como el porcentaje de población joven en cada municipio.
Los participantes deberán comprometerse a mantener su participación y se evaluará el cumplimiento antes de las transferencias monetarias.
*No basta con entregar dinero*
Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, asegura que el 'Programa Nacional Jóvenes en Paz' parte de un supuesto teórico que busca hacer más rentable financiar a los jóvenes para evitar su ingreso a organizaciones criminales.
Charry señaló que el costo aproximado de mantener a un preso está entre 2.500.000 y 3.000.000 de pesos mensuales, lo que solo por simples razones económicas sea favorable esta iniciativa.
El experto sugirió que la efectividad del programa depende de factores más allá de la financiación. Señaló que servicios sociales adicionales, como bienestar social, educación, salud y oportunidades de empleo después de la capacitación, son esenciales para garantizar que los jóvenes puedan desvincularse de las organizaciones criminales.
Puede pasar que si no existen estos otros elementos, y que el Estado no llegue de manera efectiva a esas regiones apartadas, sensibles y marginadas del país, los jóvenes queden de nuevo en una condición de vulnerabilidad tanto socioeconómica como en este caso en términos de seguridad , advirtió Charry.
Además resaltó que muchos jóvenes están involucrados en estas organizaciones de manera no voluntaria y bajo amenazas de fuerza. Aseguró que el principal desafío es mantener el programa a largo plazo y que la financiación por sí sola no es suficiente.
Insistió en que la educación y el empleo son claves para generar movilidad social ascendente. Además, subrayó la necesidad de estrategias de contención y reducción del accionar de grupos armados ilegales en regiones apartadas y desatendidas por el Estado.
Concluyó que el programa debe ser considerado un proyecto de mediano y largo alcance, con desafíos en la implementación y la discusión política.
*¿Un mal mensaje para la sociedad?*
Álvaro Garzón, director del Área Penal del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, expresó su preocupación en relación con la propuesta gubernamental de otorgar subsidios a jóvenes en Colombia. Para Garzón, esta iniciativa podría tener motivaciones demagógicas y perversas, además de posibles consecuencias peligrosas para la sociedad.
El experto argumentó que uno de los principales problemas radica en la falta de recursos. A pesar de que el gobierno es consciente de esta limitación financiera, persiste en promover la idea de los subsidios para cautivar al electorado y generar expectativas en la población. Esta estrategia, según Garzón, busca consolidar la imagen de líder populista y promotor de ayudas económicas y sociales del Presidente.
El mismo proyecto contempla que está sujeto a disponibilidad presupuestal; es decir, ellos saben, como muchas otras cosas del Plan de Desarrollo, que no van a ser posibles, que son simbólicas, que están allí casi de manera decorativa, donde simplemente muestran que tienen todas las intenciones, pero desde el punto de vista operativo no están en la capacidad de materializar dichas iniciativas , afirmó Garzón.
En cuanto a la naturaleza de la propuesta, Garzón advirtió que podría generar un mensaje equivocado a la sociedad. Si se percibe que quienes recurren a la delincuencia obtienen más beneficios que aquellos que trabajan de manera honesta, esto podría incentivar a los jóvenes a involucrarse en actividades criminales para acceder a los subsidios.
Es importante advertir la perversidad de la iniciativa porque se desdibuja la prevención negativa de la norma; es decir, el mensaje enviado a la sociedad es nefasto para las personas que madrugan, que ganan su salario mínimo, que trabajan honestamente y no tienen este tipo de ayudas , añadió Garzón.
Además, el experto destacó que esta medida podría ser ineficaz e incluso peligrosa, ya que podría incrementar la problemática social en lugar de resolverla.
A pesar de que se plantean ciertos efectos positivos a corto plazo si los recursos llegaran a materializarse, Garzón señaló que la propuesta podría tener consecuencias negativas a mediano y largo plazo.
El proyecto contempla un periodo de 6 a 18 meses, pero una vez finalizado, los jóvenes podrían sentirse legitimados para regresar a la delincuencia al no recibir nuevamente los subsidios. Además, el experto recordó casos similares en otros países donde iniciativas similares generaron lealtades no deseadas hacia el Gobierno.
*Debe haber acompañamiento*
Por su parte, Mateo Ortiz Hernández, analista del Observatorio Javeriano de Juventud, explicó que una de las premisas fundamentales del programa es la atención a las necesidades concretas de formación, económicas y de vinculación en el trabajo.
Ortiz destacó que "el programa sí permite garantizarle a esas personas jóvenes esos accesos que por sus condiciones de vulnerabilidad no han podido." A través de un subsidio, se busca no solo proveer apoyo financiero, sino también articular a los jóvenes con actividades que fomenten la corresponsabilidad, el trabajo social, el emprendimiento y la empleabilidad.
El experto habló de la metodología del programa, que se basa en enfoques diferenciales, priorizando a las juventudes más vulnerables y cualificando los factores de riesgo específicos en cada territorio.
Este enfoque se traduce en una ruta de protección integral que acompaña al joven durante el periodo que recibe los ingresos. Ortiz subrayó que este acompañamiento es crucial para lograr un impacto positivo en la vida de estos jóvenes.
Sin embargo, el programa enfrenta desafíos en su implementación. Ortiz Hernández mencionó dos obstáculos principales: la dificultad en la transferencia efectiva de subsidios económicos y la necesidad de garantizar la calidad en los procesos de formación y vinculación laboral.
Además, resaltó la importancia de enfrentar problemas de seguridad en municipios donde la violencia es una amenaza constante.
El analista enfatizó que el objetivo no es simplemente brindar un subsidio para prevenir la delincuencia, sino abordar las necesidades reales de los jóvenes vulnerables y fomentar su desarrollo integral. "Cuando una persona joven se vincula a un grupo armado, los que perdemos somos toda la sociedad", añadió.
"Saludo que hay iniciativas para garantizar que las juventudes tengan el desarrollo de una vida tranquila, digna y que les permita efectivamente garantizar su ciudadanía juvenil", destacó Ortiz Hernández.
A medida que el programa se expande y se enfrenta a los desafíos inherentes a su implementación, la atención y la colaboración entre diversos actores serán fundamentales para medir su efectividad a largo plazo y para asegurar un futuro más esperanzador para las juventudes vulnerables del país, concluyó Ortiz.