Bogotá 2 Oct. (COLPRENSA) -
-La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, advirtió de la necesidad urgente de que el país establezca un marco regulatorio estatal para la extranjerización y el acaparamiento de tierras, durante un debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes.
El objetivo de esta regulación es garantizar que las tierras rurales y el suelo aseguren la soberanía nacional, la seguridad alimentaria y el derecho de propiedad de las comunidades rurales, campesinas, agrícolas y étnicas de Colombia.
El debate se centró en un caso en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) que afectó a la comunidad indígena Sikuani y que involucra a la comunidad menonita, una iglesia cristiana extranjera.
Se da una disputa, no solamente por las tierras, sino por los recursos naturales y el control territorial. Casos dramáticos, en donde empresas compran completamente la zona donde nace el agua en una comunidad y la dejan sin agua. Entonces, no es solamente el control de la tierra, sino el control de todo lo que hay sobre ella , afirmó Mojica.
La Ministra subrayó que esta regulación es fundamental para proteger los derechos humanos y los recursos naturales, y citó la definición de la FAO que identifica tres formas de acaparamiento: extranjerización, concentración y acumulación.
La jefa de la cartera de Agricultura enfatizó que esta regulación no afectará la inversión extranjera, sino que la estimulará al proporcionar normas claras para las empresas foráneas que deseen invertir en el mercado inmobiliario colombiano, sin poner en peligro la soberanía y la seguridad alimentaria.
Se ha hecho un estudio exhaustivo, seguimiento y recomendaciones permanentes a los Estados sobre cómo se debe controlar este fenómeno del land grabbing, porque indiscutiblemente, cuando se acumulan grandes extensiones de suelos para la producción agrícola en muy pocas manos, eso pone en riesgo la seguridad alimentaria del resto de la población , precisó.
Esta propuesta de regulación también debe abordar la protección de los derechos del campesinado, la soberanía y seguridad alimentaria, el ordenamiento territorial en relación con el agua y políticas para proteger la salud del suelo rural.
En Colombia, la concentración de la tierra es evidente, con el 5.4% de los propietarios que poseen predios de más de 100 hectáreas, mientras que el 56.7% de los propietarios tienen predios de hasta tres hectáreas.
En Colombia, según el (la Universidad del, NDR) Externado, hay una insuficiente política de reforma agraria. En nuestro país, no se ha logrado avanzar en un proceso de acceso a tierras que garantice a los pobladores rurales, ya sean campesinos o étnicos, su derecho a vivir y existir, y a obtener sus medios de subsistencia de sus actividades agrícolas , argumentó Mojica.
A pesar de que existe una extensa regulación, los resultados son precarios para detener estos fenómenos. Los gobiernos no han tenido la voluntad para aplicar las regulaciones sobre los procesos de land grabbing en Colombia , agregó.