El senador Cepeda, víctima del caso de falsos testimonios, apela a un "acuerdo nacional en torno a la verdad"
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) ha denunciado este miércoles que la reciente imputación de la Fiscalía por los supuestos delitos de manipulación de testigos y fraude procesal no es más que "una venganza política".
"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por venganzas políticas, sin pruebas de que yo buscaba sobornar testigos", ha aseverado el exmandatario en un vídeo compartido en su perfil oficial en redes sociales.
Asimismo, Uribe ha expresado sus dudas sobre que esta "manipulación" en su contra se produzca en un momento en que el Gobierno colombiano impulsa el denominado 'plan de paz' para poner fin al enfrentamiento con grupos armados.
En este punto, el expresidente ha especulado con que el plan del Ejecutivo de Gustavo Petro pasa por justificar el perdón a los integrantes de grupos armados --"como ya hicieron con las FARC"-- con "la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido".
Por otro lado, Uribe ha arremetido también contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y la ha vinculado directamente con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con quien reconoce no guardar buena relación.
La Fiscalía General de Colombia anunció en la víspera que llamará a juicio al expresidente Uribe por los supuestos delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, una investigación por la que el exmandatario ya asumió hace meses que sería juzgado.
El Ministerio Público incidió en que no solicitará una orden de captura contra el exmandatario que, por tanto, podrá defenderse en condición de libertad en el juicio oral para el que aún no se conoce fecha, según informaciones recogidas por RCN Radio.
Uribe ya informó en octubre del año pasado de que las autoridades del país se habían negado a archivar el proceso abierto en su contra por la presunta manipulación de testigos, y ya adelantó que en algún momento sería llevado a juicio.
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, varias versiones apuntaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, que se convirtió en investigado.
Tras conocerse la imputación de Uribe y su posterior reacción, el senador Cepeda ha asegurado que él y su equipo de abogados acudirán "con toda tranquilidad, sin arrogancias, a la instancia judicial que corresponde", y ha hecho un llamamiento a un "acuerdo nacional en torno a la verdad".
Por su parte, el presidente Petro ya defendió en la víspera que su gobierno "no persigue ni perseguirá a la oposición", y que "siempre" brindará al sistema judicial "respeto y protección de su independencia".