MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de Perú ha registrado este lunes una propuesta de Somos Perú, el partido del actual presidente, José Jerí, para imponer penas de ocho a diez años de cárcel a quienes se cubran la cara durante manifestaciones, a tres días de que se produzcan las protestas convocadas por la Generación Z.
El texto, presentado por la diputada Elizabeth Medina, argumenta que taparse el rostro dificulta la identificación de responsables de actos delictivos, lo que, a su vez, fomentaría la impunidad. Es "necesario facilitar y lograr la identificación de quienes infringen esos derechos y aprovechan el anonimato para delinquir y manchar una protesta pacífica", subraya el documento, recogido por el diario peruano 'La República'.
La propuesta, que también recoge penas desde la prestación de servicios comunitarios hasta multas de 90 días, se suma a la presentada a finales de octubre por su compañero de partido Héctor Valer, que propone castigar con seis a diez años de prisión el uso de pirotécnicos o explosivos contra agentes de Policía o civiles en movilizaciones.
Ambos proyectos llegan en un momento en el que la política peruana gira en torno al debate de la seguridad. Por una parte, con el propósito de contener la violencia, Jerí decretó el 22 de octubre el estado de emergencia --limitando derechos como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de reunión y movimiento-- y lo endureció este sábado con medidas como la utilización de drones y cámaras equipados con tecnología para el reconocimiento facial.
Por otro lado, el gremio de transportistas peruanos ha realizado reiterados paros para intentar que el Gobierno emprenda medidas que logren detener las extorsiones y homicidios de conductores. Algunos de ellos, los representados por la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), se movilizarán otra vez este viernes, según ha recogido el mismo periódico.
De este modo, se sumarán a las protestas convocadas por jóvenes de la Generación Z contra la represión policial, tras el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz por un disparo del agente Luis Magallanes, que en ese momento vestía de civil. El crimen tuvo lugar en la primera gran manifestación a la que tuvo que hacer frente Jerí apenas cinco días después de asumir la Presidencia, tras la destitución de Dina Boluarte.