MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La relatora especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, ha solicitado este sábado al Gobierno de Ecuador que respete el derecho de los ecuatorianos a participar en encuentros pacíficos y ha criticado la "persecución contra la sociedad civil" emprendida por el Ejecutivo de Daniel Noboa, a quien ha instado a reducir el uso de la fuerza en el marco del paro registrado en el país hace casi una semana.
"Hago un llamado a que para las movilizaciones del día de mañana sábado 28 se respeten los estándares internacionales de protección a las asambleas y reuniones pacíficas", ha comenzado Romero un breve manifiesto publicado en su cuenta en la red social X, en el que ha reivindicado que "no se pueden repetir los hechos de estas semanas de uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales".
A continuación, la representante de Naciones Unidas ha reprochado al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, su actitud represiva ante los actos de protesta de la última semana y ha denunciado el uso de "disposiciones legales no alineadas con los estándares internacionales" contra la sociedad civil y los movimientos sociales y de protesta en el país. "La sociedad civil está siendo perseguida", ha insistido.
Así las cosas, Romero ha lamentado que estos sectores de la sociedad se encuentran sometidos a "un ejercicio constante de estigmatización", que pasa --entre otros-- por la congelación de cuentas y la imputación de "cargos fabricados", y ha insistido en que el Gobierno de Ecuador "debe proteger los derechos de asamblea y asociación, y garantizar un ambiente seguro para el activismo".
Este llamamiento llega después de que Daniel Noboa denunciase este miércoles que el país que dirige hace frente a "actos de terrorismo disfrazados de protesta", en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha rechazado estas acusaciones.
Sólo en las dos primeras jornadas de paro, convocado en respuesta a la decisión del Gobierno de eliminar las ayudas a la compra de combustible, cerca de 60 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad, mayoritariamente en las provincias de Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.
Además, trece de ellas fueron acusadas formalmente de terrorismo, y todas a excepción de una fueron puestas en prisión preventiva, en el marco del estado de emergencia declarado por Noboa la pasada semana y por los siguientes 60 días.
No obstante, el Gobierno descartó que las movilizaciones puedan desembocar en "ningún tipo de explosión social", como ya ocurrió en años anteriores por esta misma cuestión, como en 2022, cuando las protestas por el aumento de los precios del combustible se prolongaron durante 18 días antes de alcanzar un acuerdo.