Publicado 07/11/2026 02:37

El vicepresidente de El Salvador: "El estado de excepción se levantará cuando el pueblo quiera"

El 'número dos' de Bukele apunta a una "lectura equivocada" y una "mala interpretación" de los efectos del decreto entre la comunidad internacional

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, posa para las cámaras de Europa Press, en Madrid (España).
El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, posa para las cámaras de Europa Press, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, ha descartado este viernes fijar una fecha para el levantamiento del estado de excepción, vigente desde 2022, alegando que es respaldado por más del 90% de los salvadoreños, un día después de presumir de la buena situación securitaria que vive el país gracias a esta medida que faculta a las autoridades a restringir ciertos derechos fundamentales.

El 'número dos' de Nayib Bukele ha asegurado que las autoridades solo pondrán fin al estado de excepción "cuando el pueblo quiera", durante una entrevista concedida a Europa Press en la que ha defendido unos elevados índices de aprobación por parte de los salvadoreños a un decreto prorrogado ya hasta en 56 ocasiones.

"Cada vez que se le consulta a la población si quiere que el estado de excepción continúe, el 97% dice que sí, que continúe. Entonces, un gobierno que gobierna para el pueblo, hace lo que el pueblo le pide", ha señalado, antes de indicar que el respaldo al presidente salvadoreño roza el 90%.

Es por ello que Ulloa, con unos datos de los que no ha brindado más detalles, considera que el apoyo al estado de excepción trasciende a la figura del mandatario. "Gente que no apoya al presidente Bukele quiere que el régimen de excepción continúe. La respuesta es obvia. Se va a levantar cuando la gente diga que ya no", ha reiterado.

El vicepresidente ha asegurado que el estado de excepción solo se aplica a los miembros de las pandillas y no tiene efectos sobre "absolutamente nadie de la población honrada". "Ninguna libertad pública ha sido afectada nunca. Ni la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de movilización están afectadas", ha dicho, tajante.

En este sentido, ha explicado que son "dos las garantías constitucionales" suspendidas y que se aplican de manera "individual". Según ha dicho, se trata de la inviolabilidad de la correspondencia y del proceso sobre los detenidos, de modo que se ha ampliado de 72 horas a 15 días el plazo que una persona arrestada es presentada ante un juez o, en su defecto, puesta en libertad.

"Por eso es que el resto de la población, al no sentir que está afectada y que, al contrario, eso le garantiza que los pandilleros van a ser procesados, la gente quiere que siga" el régimen de excepción, ha agregado Ulloa desde Madrid, tras participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

El vicepresidente ha hecho estas declaraciones un día después de destacar en este evento el drástico cambio que El Salvador ha experimentado en la última década, pasando de de ser "la capital mundial del homicidio" en 2015 al "país más seguro del hemisferio occidental", superando, según dijo, los 1.300 días sin homicidios.

Con todo, Ulloa ha afeado que "afuera hay una mala interpretación" y una "lectura equivocada" del decreto. "Hay quienes piensan que la gente está limitada para moverse o que no puede expresarse" libremente, ha señalado, antes de negarlo tajantemente.

Preguntado por quiénes o desde dónde se hace esa lectura errónea, el vicepresidente ha dicho que se ha visto obligado a hacer pedagogía del decreto incluido entre sus homólogos de otros países. "En la Cancillería de Francia estaban preocupados por las elecciones de 2024 por si los salvadoreños no iban a poder votar libremente" en las elecciones de 2024, cuando les digo ¿de qué me están hablando? Como si con el régimen de excepción los salvadoreños no pueden salir de casa, ¿quién les ha dicho eso?", ha incidido.

"La desinformación es tal y la mala interpretación es tal, que a ese nivel creían que el régimen de excepción afectaba las libertades públicas. Ninguna libertad pública se ha visto afectada y las medidas son para los miembros de las pandillas (...) no afecta a la vida", ha reiterado, al tiempo que ha insistido en que los ciudadanos "sienten que los protege".

De acuerdo a Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones de Derechos Humanos, más de 90.000 personas han sido detenidas y al menos 470 han muerto bajo custodia policial en los cuatro años que lleva vigente el estado de excepción.

A estas cifras se suman las "miles" de familias que buscan a sus seres queridos en paradero desconocido, según un informe difundido por AI el pasado junio que alerta de que esta medida ha dado paso a "una política permanente de seguridad basada en la suspensión prolongada de derechos y el debilitamiento sistemático del Estado de derecho" en el país centroamericano.

"Lo que comenzó como una medida temporal para supuestamente combatir la violencia ejercida por las pandillas se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de Derechos Humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad", ha advertido la ONG.

DEFIENDE EL TERCER MANDATO DE BUKELE

Ulloa, que concurrirá de nuevo a la Vicepresidencia de El Salvador en las elecciones previstas para febrero de 2027, ha vuelto a sacar pecho de la situación de seguridad en el país desde 2022 y años antes con la investidura de Bukele tres años antes.

Así, ha recalcado que los salvadoreños optaron por primera vez por Bukele porque "vio que 30 años después de la firma del acuerdo de paz, eso era lo que tenía: corrupción y violencia", y el aumento del apoyo al mandatario con cada comicio: 54% en 2019 y más de 85% en 2024.

En particular, ha asegurado que entre 2009 y 2019 41.000 salvadoreños fueron asesinados, unas cifras basadas en el Instituto de Medicina Legal y que le han servido para denunciar "casi un genocidio y una corrupción exponencial".

"Todos los presidentes que precedieron a Bukele (...) Acaba de salir (de la cárcel) uno que estuvo preso diez años --en referencia a Elías Saca (2004-2009) por desvío y blanqueo de fondos públicos--, otro está fugitivo, y los últimos dos del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) se fueron a Nicaragua procesados por corrupción (...) más de 500 millones de dólares son los cargos", ha indicado.

Así, ha incidido en que Bukele se encontró con un país "al borde del precipicio, tocando fondo" después de 30 años de gobiernos de Arena y el FMLN y lo ha confrontado con la apuesta de su partido Nuevas Ideas.

"La oferta nuestra es continuar en la misma dirección en que hemos venido trabajando desde 2019, cuando por primera vez el pueblo salvadoreño rompió el bipartidismo que tenía 30 años de estar instalado", ha señalado, respecto a unas elecciones en las que Bukele opta a un tercer mandato tras una reforma para permitir la reelección presidencial indefinida.

"Lo que estamos garantizando es que sean elecciones libres, transparentes, seguras, competitivas, para que el pueblo escoja libremente quien quiere. Ahora (Bukele) se va a presentar por tercera vez, vamos a ver si la gente está satisfecha" con su gestión, ha concluido.

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