Archivo - El expresidente boliviano Evo Morales - Rene Quenallata / Xinhua News / Europa Press
MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar de 30 días tras la imputación presentada en octubre por la Fiscalía contra el expresidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, por el conocido como Caso Terrorismo, el asalto policial de 2019 al Hotel Las Américas de Santa Cruz que se saldó con tres muertes.
"Se ha procedido a la resolución de apertura de etapa preliminar de la investigación", ha anunciado en rueda de prensa el juez Carlos Ortega, que ha precisado que, en este nuevo marco, el Ministerio Público tiene un plazo de 30 días que ya "está corriendo" para completar su investigación y definir su postura, según ha recogido el diario boliviano 'la Razón'.
Asimismo, el magistrado ha indicado que el TSJ ya ha instruido al Tribunal de Justicia de Chuquisaca para que proceda a la notificación en los domicilios reales tanto de Evo Morales como de García Linera en un plazo de 48 a 72 horas.
La imputación registrada inicialmente por la Fiscalía el pasado 12 de octubre se basa en una denuncia presentada por el partido conservador Alianza Libre e imputa a los acusados los delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad.
El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando agentes de la Policía boliviana entraron en el Hotel Las Américas, donde mataron a tres personas y detuvieron a otras dos acusadas de formar una célula terrorista.
Morales estaba entonces de viaje en Venezuela y reconoció haber ordenado la acción. García Linera era el presidente en ejercicio.
La familia de uno de los fallecidos, el irlandés Michael Dwyer, y los supervivientes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que fueron víctima de vulneraciones, lo cual conlleva resarcimiento.
El Gobierno de Morales argumentó que era una acción policial contra el terrorismo. Sin embargo, el caso fue objeto de dudas y denuncias de extorsión, aunque terminó cerrándose durante el gobierno de Jeanine Áñez.