Publicado 17/11/2026 13:21

La JEP imputa a una veintena de antiguos militares y policías colombianos por 500 casos de violencia sexual

Archivo - May 12, 2024, Jamundi, Valle Del Cauca, Colombia: Colombia's police and military take part at the aftermath of a grenade attack against a police station in Poterito, Jamundi, Colombia on May 12, 2024, that left no injured or deaths after the att
Archivo - May 12, 2024, Jamundi, Valle Del Cauca, Colombia: Colombia's police and military take part at the aftermath of a grenade attack against a police station in Poterito, Jamundi, Colombia on May 12, 2024, that left no injured or deaths after the att - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a 18 antiguos agentes y militares de las fuerzas de seguridad de Colombia por su supuesta implicación en delitos de violencia sexual, asesinatos, tortura y desaparición forzada, que dejan al menos 755 víctimas entre la década de los 90 y los años 2000.

Se trata de 16 antiguos militares del Ejército y dos de la Policía, a quienes la JEP ha instado a reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad de carácter sexual, en distintas partes del país, en ocasiones cometidos en connivencia con fuerzas paramilitares.

Se han identificado 565 casos cometidos por las fuerzas del orden contra población civil, con 755 víctimas directas, de las cuales 650 son mujeres. Abarca episodios tales como violaciones y asesinatos de niñas y niños, así como la persecución de personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha señalado que la ausencia del Estado, así como de mecanismos para prevenirlas, o "la reproducción de un modelo de masculinidad guerrera" propiciaron este tipo de violencias basadas principalmente en cuestiones de género y de índole sexual.

Ahora los señalados disponen de quince días hábiles desde que se les notifican estas acusaciones para reconocer los hechos y poder así acogerse a los beneficios de este tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con las FARC, que incluyen sentencias restaurativas, como libertad vigilada, trabajos para la comunidad y otras acciones para resarcir a la víctimas.

Para acceder a este tipo de sentencias, los acusados deben cumplir estrictamente con las condiciones de aportar verdad, reconocer su responsabilidad y comprometerse a no repetirlo, en caso de no hacerlo o bien incumplirlas, se enfrentan a penas de prisión.

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