BRUSELAS 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El primer ministro belga, Bart De Wever, ha amenazado este jueves con vetar el préstamo a Ucrania usando los con activos rusos congelados, si los Estados miembros no dan garantías legales y se involucra a toda la Unión Europea en un esfuerzo conjunto y solidario para compartir el riesgo al que se expone Bélgica.
"Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los activos inmovilizados nunca se tocaron. Es un paso muy importante si queremos darlo", ha asegurado el primer ministro belga a su llegada a la cumbre de líderes de la UE que se celebra en Bruselas.
De Wever ha insistido en que las demandas belgas pasan por la "mutualización completa del riesgo", ante el escenario de que el país se enfrente a "reclamaciones enormes" de lado de Rusia. "Si quieren hacer esto, tendremos que hacerlo todos juntos. Queremos garantías de que, si el dinero tiene que ser devuelto, cada Estado Miembro contribuirá", ha señalado.
Igualmente ha pedido que todos los países que tienen activos inmovilizados actúen de forma conjunto con Bélgica, país que acoge Euroclear, entidad de servicios financieros que tiene la mayoría de activos rusos congelados en Europa. En todo caso, De Wever ha insistido en que hay "grandes cantidades de dinero ruso" en otros países que "se mantienen en silencio".
"Si estas demandas, que me parecen bastante razonables, se cumplen, podríamos seguir adelante. Si no, haré todo lo que esté en mi poder, a nivel europeo y también a nivel nacional, política y legalmente, para detener la propuesta", ha advertido.
La cumbre de líderes europeos en Bruselas está llamada a concretar el préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania, financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados, una iniciativa de la que todavía no hay una propuesta legal de la Comisión Europea.
Este innovador plan ya se ha circulado entre las capitales y busca una nueva línea de apoyo mantenga a Ucrania en la contienda bélica, en un momento de descenso en la ayuda militar de sus aliados.
Con todo persisten dudas por la legalidad del uso de los activos confiscados y las repercusiones tanto jurídicas como de prestigio para el euro, algo que preocupa a Bélgica pero también al Banco Central Europeo, cuya presidenta Christine Lagarde, participará en la cumbre.