El presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk - PRESIDENCIA LIBANESA
MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este lunes ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, la "continua" destrucción y demolición de viviendas por parte de Israel en el sur del país, lo que constituye "una violación flagrante" de las leyes internacionales.
"La continua destrucción de viviendas y el arrasamiento de aldeas en el sur por parte de Israel constituyen una violación directa de los Derechos Humanos y un claro incumplimiento de las leyes y normas internacionales, lo que exige una acción internacional para poner fin a estas prácticas", ha indicado la Presidencia libanesa en un comunicado tras un encuentro entre Aoun y Turk.
Aoun ha lamentado que el Ejército israelí también haya atacado "lugares religiosos" y sitios patrimoniales. "Esto revela una intención deliberada de causar daño tanto a las personas como a los bienes, especialmente dado que dichos lugares no tienen carácter militar ni albergan presencia armada alguna", ha sentenciado.
Así, ha reiterado su compromiso de "implementar" el acuerdo firmado con Israel, si bien ha expresado su temor de que estas acciones "puedan socavar su eficacia", insistiendo en que Beirut "no aceptará la continua violación de los términos del acuerdo".
POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA
Por su parte, Turk ha señalado durante una rueda de prensa posterior al encuentro que pese al anuncio inicial de cese de las hostilidades el 17 de abril, seguido de varias rondas de negociaciones para reducir la tensión y contener el conflicto, "el Ejército israelí ha seguido causando muertos y heridos en Líbano en medio de continuos ataques aéreos y operaciones terrestres".
En este sentido, ha indicado que "los continuos ataques aéreos y bombardeos israelíes, así como el uso de armas explosivas en zonas densamente pobladas, han provocado un enorme número de víctimas civiles, una carnicería generalizada, devastación y desplazamientos masivos". "Los lanzamientos de cohetes por parte de Hezbolá hacia zonas pobladas de Israel también han causado víctimas civiles y daños en la infraestructura civil", ha agregado.
"Mi oficina ha registrado violaciones del Derecho Internacional Humanitario a gran escala, que posiblemente constituyan crímenes de guerra y, en determinadas circunstancias, también pueden constituir crímenes según el Derecho Internacional", ha dicho.
En este sentido, ha recordado que ya anunció en junio una misión imparcial e independiente --acordada con el Gobierno libanés-- que se ha desplegado estos días en el terreno para "recabar información y pruebas sobre presuntas violaciones y abusos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional" cometidas por las partes desde el pasado 2 de marzo.
Turk también ha lamentado que "pueblos enteros al sur del río Litani hayan sido arrasados o dejados inhabitables debido a que los ataques israelíes y las demoliciones en curso han destruido casas, escuelas, centros de salud, redes de distribución de agua, infraestructura eléctrica, lugares de culto y tierras agrícolas".
"Dado que el mandato de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) está a punto de finalizar este año, me preocupa lo que esto pueda significa para la protección de los civiles en el sur, y espero que esta dimensión, la dimensión de la protección de los civiles, se tenga en cuenta en cualquier configuración futura", ha detallado.
El acuerdo firmado entre las partes en junio para el cese de las hostilidades contempla que el Ejército israelí se retire de ciertas zonas "piloto" del sur de Líbano, si bien la retirada definitiva acabará condicionada, no obstante, al desarme efectivo del partido-milicia chií Hezbolá.
El Ejército libanés confirmó recientemente el despliegue de sus fuerzas en Zautar el Garbiyé, tras la retirada israelí, un proceso supervisado por el Grupo de Coordinación Militar de Líbano (MCG4L), que cuenta con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco.