El proceso afecta a más de 20 miembros del Comité de Rusia contra la Guerra, incluidos Kara Murza y Kasparov
MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Rusia han abierto este martes un nuevo caso judicial contra el opositor Mijail Jodorkovski, quien se encuentra en el exilio, bajo sospechas de que haya participado en la creación de una "organización terrorista" y en planes para tomar el poder por la fuerza en el país euroasiático.
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha señalado que Jodorkovski, un empresario del petróleo que llegó a ser el hombre más rico del país durante su etapa al frente de Yukos, es objeto de este caso judicial junto a más de 20 miembros del Comité de Rusia contra la Guerra, entre ellos el activista Vladimir Kara Murza y el antiguo jugador de ajedrez y ahora opositor Garry Kasparov.
Así, ha señalado que esta organización, fundada en 2022 en respuesta a la invasión rusa de Ucrania y prohibida por Moscú, "tiene como objetivo la toma del poder a través de la violencia y el derrocamiento del orden constitucional en la Federación Rusa", motivo por el que sus actividades fueron declaradas "indeseables" por la Fiscalía en enero de 2024.
El FSB ha sostenido que Jodorkovski y otros integrantes de la citada plataforma "financian a unidades paramilitares nacionalistas ucranianas reconocidas como terroristas por Rusia" y "llevan a cabo labores de reclutamiento de personas para estas formaciones para su posterior uso para aplicar un plan para hacerse con el poder por la fuerza en Rusia".
Por ahora no ha reacción a la decisión por parte de Jodorkovski, quien pasó diez años en una cárcel de Rusia tras ser condenado en dos ocasiones por delitos financieros tras ser imputado por fraude y evasión fiscal antes de recibir en 2013 una amnistía del presidente, Vladimir Putin, tras lo que se exilió en el extranjero.
Los críticos del Kremlin afirman que la condena contra el magnate derivó de su decisión de financiar a varios partidos de oposición y cuestionar diversas decisiones del Gobierno sobre política de oleoductos, si bien las autoridades rusas aseguraron que las sentencias derivaban de actos corruptos por parte del empresario, quien respaldó el ascenso al poder de Boris Yeltsin en los noventa.