MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Tanzania ha imputado este viernes a 98 personas por traición tras vincular a los acusados con la ola de protestas desatada en el país después de las elecciones presidenciales del 29 de octubre, unos comicios declarados como irregulares por la Unión Africana, marcados por la victoria aplastante de la presidenta Samia Suhulu Hasan y una ola de represión policial que se saldó, según Amnistía Internacional, con al menos un centenar de muertos.
A la cabeza de la lista de imputados figura la joven empresaria tanzana Jennifer 'Niffer' Jovin, quien ha comparecido este viernes ante el Tribunal de Primera Instancia de Kisutu, en Dar es Salaam, acusada de incitar a la violencia durante las elecciones generales.
La llegada de 'Niffer' al tribunal, recogida por el diario regional 'Mwananchi', ha ido acompañada de un comunicado de la Policía Nacional de Tanzania sobre la detención de la joven.
De acuerdo con la nota policial, recogida por el mismo medio, la empresaria de 26 años fue detenida por vez primera el 27 de octubre de 2025, dos días después de las elecciones, a las 21.00 horas, sin precisar si fue puesta en libertad después o ha seguido hasta hoy bajo disposición policial.
Todos ellos, según el pliego de cargos, habían exhibido su "intención de obstruir las elecciones generales de 2025 con el propósito de intimidar al ejecutivo de la República Unida de Tanzania y manifestó dicha intención causando graves daños a propiedades gubernamentales destinadas a proporcionar servicios necesarios".
Dado que el cargo de traición está castigado con la pena capital en Tanzania, todos los que figuran en la lista de la Fiscalía -- recogida por múltiples medios tanto nacionales como internacionales --, se exponen a la muerte en la horca si son hallados culpables.
Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos afirman que las autoridades tanzanas perpetraron graves violaciones de derechos humanos en el período previo a las elecciones, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y asesinatos ilegales. El gobierno ha negado cualquier irregularidad y ha reiterado su compromiso con el respeto de las libertades civiles.
Tras las controvertidas elecciones, las autoridades tanzanas han intensificado la represión contra la población, los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos, en opinión de Irungu Houghton, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en la vecina Kenia.
"Los tanzanos tienen derecho a exigir responsabilidades por la represión estatal preelectoral, los asesinatos ilegales y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones", ha avisado.